El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que la batalla en contra de la mal llamada reforma judicial aún no termina y que los ciudadanos, los gobiernos estatales y los legisladores, cuentan con los mecanismos jurídicos para revertir esta reforma impulsada por el régimen.
“Estoy decidido a que los mexicanos de bien demos la pelea porque la República no muera en nuestras manos. Estoy decidido a dar la batalla, a dar la pelea, a encabezar esta lucha para echar abajo a esta mal llamada reforma judicial y tenemos no solo los mecanismos jurídicos sino a la ley y la razón de nuestro lado”, declaró.
Francisco Sánchez informó que los congresos locales pueden interponer una controversia constitucional porque esta reforma vulnera el régimen interno del estado, en donde desde el centro del país quieren decirle a un estado libre y soberano cómo debe elegir a sus jueces locales, cómo debe impartir la justicia, violando el artículo 40 de la Constitución, por lo que mediante una controversia constitucional puede declararse la invalidez de la reforma.
De igual manera, el Senado puede revertir este intento de secuestro del Poder Judicial, mediante una acción de inconstitucionalidad, esto con la firma de los 42 senadores de oposición que representan la minoría parlamentaria necesaria para combatir la inconstitucionalidad de la reforma, tanto por la violación al proceso legislativo, como por el contenido que trastoca preceptos constitucionales.
Asimismo, detalló Francisco Sánchez, la mal llamada reforma judicial es en realidad una reforma electoral, que obliga al INE a iniciar un proceso de elección para el 2025, por lo que los partidos políticos con registro nacional pueden impugnar esta determinación, mediante una acción de inconstitucionalidad, en virtud de que la reforma es materialmente para efectos de mecanismos electorales.
Y, por último, el legislador chihuahuense señaló que los gobiernos estatales y los poderes judiciales de cada entidad federativa, pueden promover la controversia constitucional, ya que esta reforma, desde el centralismo, invade las competencias exclusivas de los estados, violando el pacto federal.